En un mundo marcado por la escasez hídrica y la creciente demanda, surge la interrogante: ¿debería considerarse el agua potable un derecho humano fundamental garantizado por el Estado o un bien comercializado por empresas privadas? Esta disyuntiva tiene profundas implicaciones para la justicia social, la salud pública y el desarrollo sostenible. Este texto defenderá la postura de que el agua potable debe ser un derecho humano fundamental, con la responsabilidad de su gestión y distribución recayendo principalmente en el Estado.
La privatización del agua profundiza las brechas sociales al priorizar las ganancias sobre el acceso universal. Las empresas privadas incrementan tarifas, volviendo el agua potable inalcanzable para los sectores más pobres. Como lo señala Shiva (1997), las empresas privadas incrementan tarifas, volviendo el agua potable inalcanzable para los sectores más pobres. Esto los obliga a recurrir a fuentes inseguras, aumentando el riesgo de enfermedades. En contraste, la gestión pública del agua garantiza una distribución equitativa y asequible, asegurando este recurso esencial para todos los ciudadanos, independientemente de su condición socioeconómica.
En Colombia, aproximadamente el 25% de sus habitantes, es decir, 12 millones de personas, enfrentan dificultades para acceder a agua potable de calidad, y 3,2 millones no tienen acceso a agua potable en absoluto. De acuerdo con el Grupo Semillas (2023), aproximadamente el 25% de los habitantes enfrenta dificultades para acceder a agua potable de calidad. Estas cifras corroboran los hallazgos de estudios internacionales, como el del Banco Mundial (2000), que señalan que la privatización no ha sido efectiva en proporcionar acceso universal a este recurso vital, especialmente en zonas rurales y comunidades marginadas. De hecho, en muchas regiones donde el agua ha sido privatizada, se ha observado un aumento en las tarifas y una disminución en la calidad del servicio.
Considerar el agua como un bien comercial es tan absurdo como considerar el aire que respiramos como una mercancía. Al igual que el aire, el agua es esencial para la vida humana y debe estar disponible para todos sin discriminación. Como afirma Bové (2001), el agua es un bien común y su privatización atenta contra los principios de justicia y equidad. Imaginemos un escenario donde el acceso al aire limpio fuera controlado por empresas privadas; aquellos con recursos económicos podrían respirar aire puro mientras los menos afortunados tendrían que conformarse con aire contaminado. De la misma manera, privatizar el agua crea una situación en la que solo aquellos que pueden permitírselo tienen acceso a agua de calidad, mientras que los más pobres se ven obligados a consumir agua insegura o insalubre.
A lo largo de este texto, se ha demostrado cómo la integridad y la responsabilidad de los líderes influyen directamente en la prosperidad y el bienestar de las comunidades que gobiernan. Es fundamental que las instituciones políticas y la sociedad en general se comprometan a fomentar líderes que no solo posean habilidades técnicas, sino también un profundo sentido ético y compromiso con el bien común, se puede garantizar un desarrollo sostenible y equitativo, que refleje los valores y necesidades de la ciudadanía.